Europa rehén de un puñado de irlandeses

Es
la historia de un desastre anunciado. Poco más de 862.000 irlandeses, el 28% de
las personas con derecho a voto en Irlanda, han impuesto el rechazo del nuevo
Tratado de Lisboa de la Unión Europea (UE) y han bloqueado un ambicioso
proyecto político que afecta a 500 millones de europeos. El nuevo tratado, que
incorpora las reformas institucionales indispensables para un funcionamiento
más democrático y eficaz de la UE, ha sido ya ratificado por 18 países (dos
tercios de sus estados miembros), pero debido al triunfo del “no” en el
referéndum irlandés corre ahora el peligro de no llegar a entrar en vigor.

La
estrategia de la mayoría de los Veintisiete es proseguir con el proceso de
ratificación de los ocho estados que faltan (España, Italia, Bélgica, Holanda,
Gran Bretaña, Suecia, República Checa y Chipre) para aislar a Irlanda y
forzarle a convocar cuanto antes un nuevo referéndum, como ya ocurrió con el
actual Tratado de Niza, que permitió la integración en la UE de los países del
Este. La mayoría de los Veintisiete considera que será suficiente acompañar el
texto del tratado de una serie de declaraciones políticas tranquilizadoras que
desmonten los principales argumentos demagógicos de la campaña del “no”.

El
problema será justificar ante los propios irlandeses la convocatoria de un
nuevo referéndum del tratado. Además no está garantizado que se logre que un
número suficiente de irlandeses cambie su voto para asegurar la ratificación.
Cuando se volvió a someter a referéndum el Tratado de Niza en el 2002, tras su
rechazo en el 2001, se argumentó que la participación en la primera consulta
había sido muy baja (35%) y la segunda convocatoria se produjo tras unas
elecciones generales. En esta ocasión, la participación superó el 53%.

La
continuidad del proceso de ratificación en los ocho estados restantes tampoco
está garantizada. La euroescéptica República Checa puede sentirse tentada de
paralizar el proceso y la prometida ratificación parlamentaria británica tampoco
se puede dar por segura hasta que se haya producido.

En
una democracia parlamentaria, los referéndums sobre tratados internacionales
son una pésima práctica como han demostrado reiteradamente los hechos, porque
dan pábulo a las demagogias más desmedidas y muchas veces el ciudadano ni
siquiera responde a la pregunta que se le plantea, sino que vota contra el
Gobierno que la formula.

En
el referéndum irlandés, todos los partidos del arco parlamentario (Gobierno y
oposición), salvo el minoritario Sinn Fein, defendían en “sí”. Los partidarios
del “no” constituían una variopinta amalgama de extrema derecha a extrema
izquierda, en la que se mezclaban antiabortistas con antimilitaristas.

El
triunfo del “no” fue fruto de una relativamente baja participación (más del 46%
de los irlandeses prefirió quedarse en casa) y de la millonaria campaña
publicitaria organizada por el hasta ahora desconocido millonario Declan
Gangley, que ha labrado su oscura fortuna en los países del Este y al que se ha
acusado de financiar su organización Libertas con fondos procedentes de la
Administración norteamericana.

Si
la creación del euro se hubiera sometido a referéndum, la moneda común europea
no existiría y los tipos de interés serían como mínimo el doble que ahora, el
precio de los carburantes sería un tercio más caro y la crisis económica mucho
más profunda.

Con
referéndums tampoco se habrían aprobado el Tratado de la Comunidad Económica
del Carbón y del Acero (CECA) de 1951, ni el Tratado de Roma de 1957, que crearon
la actual UE y han asegurado el periodo de paz y prosperidad continuado más
grande de la historia europea. La paz, que se da como algo adquirido per se en
Europa, es un bien muy frágil, como lo demuestra la experiencia reciente de la
antigua Yugoslavia.

El
resultado del referéndum muestra además el creciente distanciamiento de los
ciudadanos del proyecto de integración política europeo, debido a la falta de
talla y visión de los dirigentes de las instituciones europeas, al discurso
cada vez más nacionalista de los líderes de los estados miembros y a la
ausencia de iniciativas que estimulen a la población y la impliquen en ese
proyecto político. Basta recordar, por ejemplo, que el actual presidente de la
Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, fue el anfitrión de la aciaga cumbre
de las Azores, que desencadenó la guerra de Irak, de la que aún todos, en
especial el pueblo iraquí, estamos pagando sus funestas consecuencias.