El riesgo de abusos en las leyes antiterroristas

La lucha contra el terrorismo está dando pie a un continuo recorte de las libertades fundamentales de los ciudados europeos mediante la adopción de sucesivas normativas destinadas a combatir la amenaza terrorista, que amplían tanto el poder de las autoridades sobre los ciudadanos que al final el sistema modélico de libertades de la Unión Europea (UE) se ve laminado poco a poco.

El Parlamento Europeo previno esta semana frente a estos abusos al emitir su informe sobre la nueva legislación para penalizar el uso de internet para la propagada terrorista, el reclutamiento de extremistas y la difusión de información sobre la fabricación de explosivos.

Roselyne Lefrançois, eurodiputada socialistaEl informe, aprobado por la aplastante mayoría de 556 votos a favor, 90 en contra y 19 abstenciones, advierte que la nueva normativa no debe impedir la "expresión pública de opiniones polémicas, radicales o controvertidas sobre cuestiones políticas sensibles, incluido el terrorismo". Los eurodiputados temen que el proyecto sin esas correcciones puede permitir a las autoridades perseguir “las simples palabras y los escritos incómodos, en lugar de los actos verdaderamente terroristas”, según la ponente socialista francesa Roselyne Lefrançois.

Lamentablemente, con el actual Tratado de la UE el Parlamento Europeo carece de poder de codecisión en estas materias tan fundamentales para los derechos de los ciudadanos. La Comisión Europea y el Consejo de Ministros de los 27 países de la UE sólo tienen la obligación de pedir la opinión de la Eurocámara en estas cuestiones sensibles. Pero una vez que el Parlamento Europeo ha expresado su opinión, el Consejo de Ministros de la UE puede aprobar la nueva normativa sin tener en cuenta la opinión de los eurodiputados.

Mientras que la propuesta incial de la Comisión Europea pretende sancionar la difusión pública de todos los mensajes que pueden inducir un acto terrorista, los eurodiputados precisan que este comportamiento sólo puede ser incriminado cuando dicha conducta conlleva un riesgo manifiesto, y no meramente hipotético.

Los cambios introducidos en el texto por la Eurocámara tiene como objetivo restringir la aplicación de la legislación a las actuaciones verdaderamente terroristas e intenta evitar las fórmula demasiado vagas que permitían un uso indiscriminado de la nueva legislación.

Los eurodiputados han reclamado, por ejemplo, la sustitución de términos como “podrían inducir a las personas a cometer ataques terroristas”, que pueden dar pie a interpretaciones abusivas, por otros más precisos como “cuya finalidad y eventual efecto sea inducir a las personas a cometer ataques terroristas”.

La Eurocámara también considera imprescindible que se sustituya la terminología “incitación” al terrorismo por la más precisa de “inducción” e introduce los conceptos preceptivos de intencionalidad para adquirir el nivel de delito.

Mientras el proyecto original estipulaba como delito los mensajes “destinados a inducir”, “independientemente de que promueva o no directamente la comisión de delitos terroristas”, la Eurocámara preconiza que para que sea delito los mensajes deben preconizar “clara e intencionadamente” la comisión de un delito. Otros cambios introducidos buscan sustituir términos demasiado ambiguos de “cualquiera de los actos” por otros más precisos de “uno de los delitos”.  

Respecto a la protección de los derechos fundamentales, los eurodiputados subrayaron asimismo que la nueva normativa no puede conculcar “la libertad de prensa o la libertad de expresión en otros medios de comunicación” y incluyeron la protección de la libertad de expresión al “contenido de los correos electrónicos y otras formas de correspondencia electrónica”.

La Eurocámra hizo incapié además que la nueva legislación no afectará “la obligación de observar los derechos fundamentales y los principios jurídicos generales recogidos en el artículo 6 del Tratado de la UE, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales”.

Ahora habrá que esperar cual es la actitud del Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la UE ante las objeciones de la Eurocámara. La posición de la Comisión Europea no permite ser muy optimistas.

El comisario de Justicia e Intertior, Jacques Barrot, responsable de los controles sobre los líquidos en los viajes en avión y siempre proclive a la restricción de las libertades públicas para incrementar la seguridad, insistió tras la decisión de la Eurocámara en que el objetivo de la controvertida legislación es “evitar que haga falta un atentado para poder incriminar a quienes con sus palabras han contribuido a ese acto”.

Para desgracia de los ciudadanos europeos, Barrot tiene el triste privilegio de ser el único comisario de la UE que ha sido condenado a ocho meses de carcel por corrupción. Afortunadamente para él, la amnistía decretada en el 2001 por el entonces presidente francés, Jacques Chirac, anuló sus delitos.

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