EEUU comienza a cobrar por el permiso electrónico para viajar al país

 

Los ciudadanos españoles que quieran viajar a Estados Unidos para estancias cortas de ocio o negocios deberán pagar a partir del 8 de septiembre una tarifa de 14 dólares (unos 11 euros al cambio actual) para obtener la Autorización Electrónica de Viaje (ESTA, en inglés), sin la cual no podrán subir a bordo del avión o del barco con destino a ese país.

 

La nueva imposición constituye un nuevo desequilibrio en contra de Europa en las relaciones trasatlánticas y una nueva muestra de la profunda debilidad política de la Unión Europea (UE) frente a EEUU, que puede permitirse maltratar a su principal socio político sin consecuencias.


Este permiso electrónico se introdujo de forma obligatoria el 12 de enero del 2009 para los ciudadanos de los 36 países, como España, que estaban exentos hasta entonces de visado para visitas de una duración de hasta 90 días a EEUU.

 

La Administración norteamericana introdujo ese visado encubierto con el argumento de reforzar la seguridad nacional y evitar que personas sospechosas de actividades terroristas o delictivas puedan viajar al país.

La autorización electrónica, que debe solicitarse a través de Internet al menos 72 horas antes del inicio del vuelo (
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/), era inicialmente gratuita, pero desde el principio Washington ya insinuó que esa gratuidad era sólo temporal.

 

Ahora, EEUU ha introducido dos tasas distintas para financiarla que suman los citados 14 dólares y que refuerzan el carácter real de visado encubierto que constituye la Autorización Electrónica de Viaje.


Los primeros 4 dólares sirven para pagar los costes norteamericanos de tramitación de la solicitud. Los otros 10 dólares adicionales se cargan al conceder el permiso electrónico de viaje. Si la autorización no se concede, esta segunda tasa no se carga al solicitante. El pago se debe realizar mediante una tarjeta de crédito Visa, American Express, MasterCard o Discover, cuyos datos deben introducirse al rellenar la solicitud.

La autorización es valida por dos años, a menos que el pasaporte expire antes. Además de los datos personales, el viajero debe responder si padece alguna enfermedad contagiosa, algún problema físico o mental, si es consumidor o adicto a drogas y si ha sido detenido o condenado por cuestiones morales o por posesión de substancias ilícitas. Luego están las habituales preguntas relativas al terrorismo, el espionaje y la inmigración y una relativa a los conflictos de custodia de niños en los que uno de los progenitores sea norteamericano.

La obtención de la autorización electrónica no garantiza totalmente la entrada en EEUU, como advierten las autoridades norteamericanas, ya que los agentes fronterizos en los aeropuertos tienen potestad para denegar la entrada en el país si lo consideran pertinente, a pesar de disponer del permiso de viaje.

El pago de la citada tasa constituye un nuevo desequilibrio en las relaciones entre la Unión Europea (UE) y EEUU, ya que los países europeos no exigen a los norteamericanos esos permisos, visados o pagos, ni todos los datos personales de los pasajeros a las aerolíneas como impone Washington.


La comisaria europea de Interior, Cecilia Malmström, expresó en agosto su «profundo» malestar por los planes de EEUU de cobrar la tasa, pero después la Comisión Europea no ha adoptado ninguna medida efectiva de presión, ni ha propuesto a los gobiernos de los Veintisiete algún tipo de respuesta a Washington.

 

 

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